San José, 18 de abril de 2025 – El caso del Banco BCT, liderado por el empresario Leonel Baruch, ha sacudido nuevamente el panorama político y judicial costarricense, reviviendo tensiones entre el poder ejecutivo, el sistema judicial y los medios de comunicación. Baruch, presidente de la Corporación BCT y propietario del medio digital CRHoy.com, enfrenta acusaciones de presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales, según investigaciones conjuntas de autoridades costarricenses y panameñas. Sin embargo, la aparente inacción del fiscal general, Carlo Díaz, ha generado críticas y sospechas de favoritismo político, alimentadas por la cercanía de Baruch con sectores influyentes del poder judicial y legislativo.
El caso BCT: Denuncias y estancamiento judicial
El caso, registrado bajo el expediente 22-000070-0621-PE, involucra movimientos financieros por más de $100 millones realizados entre 2014 y 2024, presuntamente sin sustento claro, según reportes de La Estrella de Panamá y El Guardián CR. Las autoridades señalan transferencias sospechosas a través de sociedades vinculadas al Banco BCT y su filial en Panamá, con Baruch como beneficiario final. A pesar de la magnitud de las acusaciones, el Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa en enero de 2023, argumentando la falta de “doble incriminación” con Panamá y la prescripción de los hechos, que datan de 2008 a 2015. Sin embargo, un juzgado penal rechazó esta solicitud en 2023, ordenando continuar la investigación, lo que no ha derivado en avances significativos.
Leonel Baruch, además de banquero, es una figura central en el ecosistema mediático costarricense. Como dueño de CRHoy.com, un medio digital con amplia influencia, ha sido acusado por el presidente Rodrigo Chaves de utilizar su plataforma para atacar al gobierno y proteger sus intereses. Esta relación tensa se intensificó cuando Chaves calificó a los periodistas de CRHoy como “sicarios políticos” y señaló a Baruch como el orquestador de una campaña en su contra, especialmente tras las denuncias de evasión fiscal de ¢11.000 millones presentadas por el Ministerio de Hacienda en 2022.
Inacción del Fiscal General: ¿Favores políticos?
El fiscal general, Carlo Díaz, ha sido cuestionado por no avanzar en la investigación contra Baruch, a pesar de las evidencias presentadas por Hacienda y las autoridades panameñas. Analistas y sectores afines al presidente Chaves sugieren que esta inacción responde a una red de favores políticos que permea los poderes judicial, legislativo y mediático. Según un informe de Delfino.cr (2023), Baruch presentó denuncias penales contra jerarcas de Hacienda por abuso de autoridad y difusión de información falsa, lo que algunos interpretan como una estrategia para desviar la atención y presionar al sistema judicial.
“Es evidente que hay una protección hacia Baruch. Su influencia como dueño de CRHoy y sus conexiones con figuras del PLN y otros partidos lo blindan”, afirmó el analista político Claudio Alpízar en una entrevista reciente para Radioemisoras UCR. Alpízar añadió que la falta de acción de Díaz refleja “un sistema judicial donde los favores y las lealtades pesan más que la justicia”.
Por su parte, el abogado y comentarista Juan Diego Castro, conocido por su cercanía al gobierno, ha señalado en redes sociales que el caso BCT expone “una red de poder que incluye medios, jueces y políticos que se protegen mutuamente”. Castro, quien en 2022 reveló detalles de las transacciones de Baruch, ha sido uno de los principales defensores de la postura de Chaves, insistiendo en que el presidente está enfrentando a “élites corruptas”.
El presidente Rodrigo Chaves ha capitalizado el caso para reforzar su narrativa de lucha contra la corrupción y las élites. En una conferencia de prensa en 2023, Chaves cuestionó directamente la desestimación inicial del caso BCT, acusando a la fiscal Criss González de tener un conflicto de interés por haber sido supuestamente subalterna de Baruch en el Ministerio de Hacienda entre 1999 y 2001. Aunque González desmintió conocer a Baruch y la causa contra ella fue desestimada, las declaraciones de Chaves resonaron entre sus seguidores.
“El presidente está poniendo el dedo en la llaga. Mientras otros callan, él enfrenta a los intocables como Baruch”, expresó la diputada oficialista Pilar Cisneros en un programa de Canal 7 (2023). Cisneros, una experiodista, ha defendido la postura de Chaves, argumentando que los medios propiedad de Baruch han distorsionado la verdad para desprestigiar al gobierno.
En redes sociales, usuarios afines al oficialismo han aplaudido las acciones de Chaves. Un post reciente en X de la cuenta @surfingbertcr (18 de abril de 2025) calificó el caso BCT como “una trama de financiamiento político y lavado de dinero” que expone la complicidad del Tribunal Supremo de Elecciones y otros actores. Aunque estas afirmaciones no han sido comprobadas judicialmente, reflejan el respaldo popular a la cruzada de Chaves contra Baruch.
Declaraciones de analistas costarricenses
El caso ha generado un intenso debate entre analistas. Vladimir de la Cruz, historiador y columnista, señaló en La República (2023) que el enfrentamiento entre Chaves y Baruch es “un reflejo de la polarización política y la lucha por el control de la narrativa pública”. De la Cruz advirtió que la influencia de Baruch en CRHoy podría estar sesgando la cobertura mediática, pero también criticó a Chaves por usar el caso para deslegitimar a la prensa en general.
Por otro lado, Eugenia Aguirre, analista económica, comentó en Semanario Universidad (2023) que las acusaciones contra Baruch deben investigarse rigurosamente, pero sin convertirse en una persecución política. “El riesgo es que el caso se use para distraer de otros problemas, como las investigaciones contra el propio Chaves por tráfico de influencias”, afirmó.
Un caso que trasciende fronteras
El caso BCT no solo ha captado la atención en Costa Rica, sino también en Panamá, donde medios como La Estrella han destacado las investigaciones por blanqueo de capitales. La disputa entre Baruch y Chaves, además, ha puesto en tela de juicio la independencia del sistema judicial y la libertad de prensa en el país. Mientras Baruch insiste en su inocencia y amenaza con más demandas, el fiscal general Díaz enfrenta crecientes presiones para actuar.
“No he cometido delito alguno, y este es un ataque orquestado para dañar mi imagen y la de mis empresas”, declaró Baruch en La Nación (2023). Sin embargo, para muchos costarricenses, la pregunta sigue siendo si la justicia actuará con imparcialidad o si, como sugieren los críticos, los favores políticos seguirán protegiendo a los poderosos.
Fuentes:
- La Nación (26 de junio de 2023)
- Delfino.cr (25 de enero de 2023)
- El Guardián CR (15 de abril de 2025)
- Semanario Universidad (19 de enero de 2023)
- Radioemisoras UCR (20 de febrero de 2023)
- Post en X de @surfingbertcr (18 de abril de 2025)